Economía Neoliberal

La política económica iniciada en abril de 1976 cambió profundamente las orientaciones con las que se desarrollaban hasta ese momento las actividades industriales. Basado en una filosofía de total confianza en los mecanismos asignados de recursos del mercado y en el papel subsidiario del Estado, se estableció un programa de liberalización de los mercados y posterior apertura externa que proponía la eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios. Se procuraba así modernizar e incrementar la eficiencia de la economía.

En relación con la política industrial se pueden señalar dos subperíodos. El primero de ellos se caracteriza por la recuperación de la producción de bienes de consumo durable y de capital, asociada a la creciente inversión y a la redistribución regresiva de los ingresos. En ese período económico se comienza con la reducción de los aranceles de importación. A pesar de su fuerte baja, en promedio descienden 40 puntos, del 90 al 50%, en estos tres primeros años no aumentan significativamente las importaciones (Katz, 1989). Este fenómeno tiene su explicación según lo expresa Gatto (1989) “en los incrementos de competitividad durante la última década, que determinaron la existencia de una fuerte redundancia en las tarifas y por otra parte, en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado”. Por otro lado la sanción, en 1977, de la reforma financiera, libera la tasa de interés y crea un mecanismo totalmente distinto para la asignación de los créditos.

El segundo subperíodo se inicia hacia fines de 1978 al instrumentarse la versión de economía abierta de la escuela monetarista (enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. Este se determinaba con un cronograma que fijaba un ritmo de devaluación continuamente decreciente en el tiempo, en un contexto de creciente apertura de la economía al exterior (tanto en el mercado de capital como en el de bienes); ello suponía la convergencia de las tasas de interés y de inflación interna con las correspondientes internacionales.

En este esquema de política monetaria pasiva se suponía un período de transición determinado por la distinta velocidad de ajuste en los precios de los productos, según se comercien o no en el mercado internacional. Una vez que se lograra la convergencia quedaría establecido un nuevo esquema de precios relativos de la economía. A su vez, en combinación con la política arancelaria, la asignación de recursos favorecía el incremento de la productividad global, desaparecerían los sectores menos eficientes y se desarrollarían las actividades con ventajas comparativas a escala internacional (Katz, 1989). Sin embargo, la “convergencia” no se logró. En los bienes transables con el exterior el ajuste fue lento e imperfecto, en los bienes no transables los mecanismos previstos no tuvieron los efectos esperados. La evolución de la tasa de interés interna fue altamente afectada por una sobretasa creciente motivada por la incertidumbre y los elevados costos de la intermediación financiera. Por su parte, el tipo de cambio, que estaba prefijado con una previsión inflacionaria menor a la real, se caracterizaba por una permanente subvaluación de las divisas. Esta sobre valoración del peso en conjunción con las rebajas arancelarias afectó fuertemente la balanza comercial y permitió la entrada masiva de productos importados. A su vez, la entrada de capitales externos sin restricciones, atento a la apertura financiera externa, en su casi totalidad de corto plazo y provenientes de un mercado financiero de alta liquidez y elevadas tasas de interés, compensaba el déficit de la cuenta corriente, con un incremento significativo del endeudamiento con el exterior. “…Estos movimientos que afectaban seriamente el balance de pagos preanunciaban una devaluación del tipo de cambio, en un mercado de capitales de alta liquidez, atento al muy corto plazo de colocación de los depósitos” (Levy, 1997). En adición, la política fiscal no fue lo suficientemente prolija y continuaron importantes transferencias de ingresos de difícil justificación y ausentes de evaluación. A ello se sumaba un clima de cambio de autoridades políticas y económicas. En consecuencia las primas de riesgo por la colocación de capitales externos se elevaron considerablemente, con el consiguiente aumento de las tasas de interés (Levy, 1997).

En este contexto el sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia por la conjunción de varios factores negativos. Entre ellos sobresale la contracción de los mercados, por los bajos niveles de demanda de productos industriales locales, tanto interna por competencia de productos importados, como externa por el fuerte atraso del tipo de cambio. A su vez, las altas tasas de interés que superaban largamente toda posibilidad productiva y su constante crecimiento llevaron a las empresas a niveles de endeudamiento que en muchos casos solían superar el valor de sus activos. Los fuertes cambios de precios relativos de la época, que favorecían a las actividades de servicios y de producción de bienes no transables con el exterior, motivó el pago de fuertes tasas de interés reales a los sectores industriales de bienes transables que sufrieron profundos atrasos relativos de sus precios. (Katz, 1989)

La Argentina de los años ‘80 presentaba un modelo que podría ser denominado, de los tres capitalismos, el capitalismo de Estado, el capitalismo subsidiado y el capitalismo de riesgo. (Kosacoff, 1992)

El capitalismo de Estado estaba conformado por las viejas empresas públicas, constituidas a partir de los años treinta y, especialmente, en la segunda mitad de la década del ‘40 y que a fines de los años ‘80 se encontraban en situación agónica, de agotamiento institucional y tecnológico, y habían sido capturadas por distintos grupos según el caso, ya sea o bien las propias burocracias internas gerenciales, o los sindicatos respectivos o los proveedores y usuarios privilegiados.

El denominado capitalismo subsidiado dependiente de mecanismos tales como subsidios de tipo financiero o de desgravaciones impositivas estaban ligados al anterior, ya sea como proveedores principales o como usuario privilegiado pero en todos los casos independizado del riesgo empresarial y protegido por el propio Estado contra la competencia extranjera. Asimismo importantes sectores industriales eran subsidiados dado que acumulaban ganancias amparados en fuertes reservas de mercado creadas por altas barreras arancelarias, las cuales marginaban a la Argentina del comercio internacional. En estos tiempos la Argentina había sido prácticamente borrada de la escena internacional, por su incapacidad para competir en el mercado mundial. (Alburquerque, 1997)

Por último, el capitalismo de riesgo se caracterizaba por estar vinculado al sector agropecuario (castigado por las retenciones a las exportaciones), a las PyMEs y a una amplia economía informal, carente de acceso a aquellos mecanismos de distribución de rentas a través del Estado. Esta desprotección impulsó a estos sectores carentes hacia la economía negra, para evadir el pago de impuestos y cargas sociales. Esta inestabilidad económica impactaba destruyendo el mercado de capitales, bajo estas condiciones, no puede funcionar un capitalismo competitivo.

En relación a lo anterior Fuchs (1992) expresa:

“como consecuencia de no haber apostado a una economía competitiva y de inversión con crecimiento, la Argentina perdió posiciones en el escenario internacional, donde la economía mundial también presentaba un lento crecimiento y aparejado a ello una debilidad financiera internacional, el Estado benefactor entraba en una crisis terminal”.